Ante una oportunidad perdida

por Fernando Madina

Sin perjuicio de la bondad de algunas soluciones puntuales que el nuevo Código Civil y Comercial ofrece, una iniciativa legislativa de tanta trascendencia como es la reforma del Derecho privado no tendría que haber sido objeto de un trámite express, sin debate, opiniones ni auspicios, tan sigiloso y apresurado. La incorporación de innovaciones susceptibles de generar reacciones polémicas solo debería hacerse con el auspicio de autorizadas fuentes de opinión, ausentes en el nuevo Código.

En su etapa de proyecto, el nuevo Código Civil y Comercial fue objeto de profundas y extendidas críticas que no fueron atendidas.

El excesivo margen de interpretación al que queda librado el nuevo Código Civil es inconveniente y, de entrar en vigencia, serán los jueces los encargados de brindar la certeza que el Código no da. Se abren también serios interrogantes, como la suerte que esperan al acervo iusprivatista doctrinal y jurisprudencial construido desde 1870 y a los tribunales comerciales de la Capital Federal.

El nuevo Código Civil, en suma, excede los límites que ponderadamente fue delineando en el tiempo la doctrina nacional, desborda los cauces de una reforma planificada y se dirige a una profunda alteración del Derecho privado. Carece del consenso necesario que le permita entrar en vigor pacíficamente dando previsión y tranquilidad a las relaciones entre los particulares.

En caso de entrar en vigencia el 1º de agosto de 2015, habremos perdido la oportunidad de contar con un cuerpo legal moderno, ejemplar para la región y a la altura de los nuevos códigos del Derecho comparado; como lo fue el Código Civil de Velez Sarsfield en la segunda mitad del siglo XIX.

El Nuevo Código Civil y Comercial

La derogación express del Código Civil de Velez Sarsfield y del Código de Comercio de 1859, y aprobación del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación no era una demanda urgente de la sociedad ni de los mercados.

Distintos sectores de la sociedad critican al nuevo Código Civil y Comercial por padecer desde deficiencias reglamentarias y constitucionales -como el procedimiento legislativo seguido para su sanción- hasta por problemas de contenido -como el tratamiento de los derechos de los pueblos originarios; el régimen de la personalidad jurídica; la concepción de la persona física y técnicas de reproducción; el desdoblamiento híbrido entre matrimonio y unión convivencial; la eliminación de la responsabilidad de los funcionarios públicos; el régimen de daños y la regulación de los punitivos; las obligaciones en moneda extranjera y la posibilidad de cancelarlas con moneda de curso legal; el régimen de la sociedad unipersonal, y hasta la negación de la empresa como agente principal del mercado.